Amnistía Internacional señala a España por la «impunidad» ante las 35.000 muertes en geriátricos durante la pandemia
La entidad pide a la Fiscalía General del Estado que reabra todas las causas que fueron archivadas
En Catalunya, la oenegé pide «celeridad» a la única comisión parlamentaria que sigue abierta para descubrir lo ocurrido
Han pasado tres años desde que la pandemia del coronavirus destapó las deficiencias de las residentncias geriátricas en España, pero nada parece haber cambiado. Murieron 35.000 personas, y, según Amnistía Internacionalperpetuará cinco violaciones de derechos humanos: el derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la vida privada y familias ya la muerte digna. «el abandono sufrido por las personas y sus familias y la impunidad sigue presenta forma generalizada en las instituciones del Estado», planteó la oenegé en un duro comunicado hecho público este miércoles. Los índices de mortalidad que se produzcan podrían volver a repetirse.
«Las instituciones del Estado no han hecho los deberes para modificar esta situación ni restituir a las víctimas los derechos que les han sido arrebatados», se queja Esteban Beltrán, directora de Amnistía en España. «Las autoridades han incomplido la obligación de investigación formal y adecuada las vulneraciones de derechos humanos de las personas que vivían en las residencias», dice el comunicado. También la oenegé asegura que no se ha hecho nada para asegurar que las víctimas y sus familiares acceder a la justicia de forma efectivaincumpliendo así el derecho internacional.
In primer lugar, Amnistía arremete contra la Fiscalía General del Estado, al que tiñe de «opaca». Denuncia que «no hay datos» de las diligencias que se abrieron ni cómo actuaron en cada caso. Solo hay datos escasos, exponen, de algunas fiscalías, como en Madrid, donde el 86% de los casos se archivan. «Es una barrera para analizar los hechos y evaluar si hay que reexaminar todos los casos con una investigación insuficiente«, se queja la entidad. De hecho, Amnistía pide que se reabran todas las causas, para que se vulvan a examinar y valorar si se investigó suficiente, contando con los testimonios de los familiares.
Gobiernos, «de perfil»
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“Las autoridades pretenden pasar página, sin tener en cuenta que la memoria, la justicia y la reparación son imprescindibles”, se queja Beltrán. El texto señala que los políticos y los gobiernos, independientemente de su color, se han «puesto de perfil» ante este tema. El Parlamento de Catalunya es la única institución que mantiene un grupo de trabajo sobre la cuestión, al que le piden más «celeridad». Aunque considere «decebedor» que no se haya hecho una comisión de investigación.
También señalaran al Defensor del Pueblo. «A pesar de la extrema gravedad de lo que pasó en las residencias, no ha tenido un papel activo investigando el tema», se queja la organización, que le solicitó un estudio monográfico sobre la cuestión. Su vez, arremeten contra el Consejo General del Poder Judicial por falta de información y transparencia. Non ha hecho seguimiento ni documentado los casos, dicen, algo que también contradice las normas internacionales.