El Parlamento de Colombia ha dado luz verde a la trascendental reforma laboral promovida por el presidente Gustavo Petro, después de más de un año de discusiones, fracasos y polémicas. Esta legislación representa un acontecimiento significativo en el ámbito laboral del país, al implementar varias acciones para fortalecer los derechos de los empleados, disminuir la informalidad y adecuar las regulaciones laborales a las circunstancias contemporáneas. La aprobación final en el Senado también llevó a Petro a desechar su controvertido «decretazo», mediante el cual había intentado promover un referéndum para superar los obstáculos legislativos.
Un extenso recorrido hasta la autorización
La reforma, liderada por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, fue inicialmente presentada en 2023 y desde entonces atravesó un complejo camino legislativo. Tras ser archivada en una comisión del Senado y objeto de múltiples modificaciones, el proyecto fue revivido y aprobado en las plenarias de ambas cámaras, logrando pasar la conciliación final justo antes del cierre de la legislatura. Este triunfo legislativo llegó en un clima tenso, donde el Gobierno buscó sortear obstáculos recurriendo incluso a la figura de la consulta popular, lo cual generó fuertes críticas de la oposición y sectores empresariales.
Mejoras clave para los empleados
La nueva reforma laboral implementada trae múltiples cambios importantes en las condiciones laborales en Colombia. Uno de los aspectos más relevantes es el ajuste en los recargos por trabajo nocturno: desde ahora, la jornada nocturna se iniciará a las 7:00 p.m. en vez de las 9:00 p.m., incrementando así la cantidad de horas con recargo extra. Asimismo, el trabajo realizado en domingos y días festivos tendrá una remuneración del 100 %, que se aplicará de manera progresiva hasta el año 2027.
Un ajuste significativo es el tope para los contratos a plazo fijo, los cuales ya no podrán prolongarse por más de cuatro años. Esto pretende detener la práctica de renovaciones continuas que perjudicaban la estabilidad de empleo para muchos colombianos. De igual manera, la legislación exige la formalización de los empleados de plataformas digitales, asegurando su acceso a la seguridad social, como el sistema de salud y pensiones.
La reforma incluye además beneficios para los aprendices del SENA, quienes ahora contarán con contratos laborales que les otorgarán acceso a beneficios sociales como primas, cesantías y vacaciones. Su sueldo variará según la fase de formación, pero se garantiza una compensación adecuada y una relación formal con el mercado laboral.
Retiro del “decretazo” y reacciones encontradas
Tan pronto como se aprobó la reforma, el presidente Petro anunció que retiraba formalmente el decreto que pretendía llevar a cabo una consulta popular respecto al contenido de la ley. Esta acción fue bien acogida por diversos sectores del Congreso que veían ese intento como inconstitucional. No obstante, el jefe de Estado indicó que se podría considerar la inclusión de la reforma laboral en una posible Asamblea Nacional Constituyente en 2026.
La reforma ha generado reacciones mixtas. Mientras los sindicatos y grupos progresistas celebran lo que consideran una victoria histórica para los derechos laborales, los gremios empresariales advierten sobre posibles aumentos en los costos de contratación y riesgos para el empleo formal. Estudios preliminares sugieren que la nueva legislación podría elevar los costos laborales entre un 6 % y un 35 %, lo que ha encendido alarmas en algunos sectores económicos.
¿Qué es lo que sigue?
Con la aprobación legislativa ya consumada, el próximo paso será la reglamentación de la ley a través de decretos del Ejecutivo. Se espera que el Gobierno despliegue una estrategia institucional para fiscalizar su cumplimiento y asegurar que los nuevos derechos lleguen efectivamente a los trabajadores. Al mismo tiempo, el debate político en torno a una eventual Constituyente podría reabrir discusiones sobre el alcance y la sostenibilidad de la reforma. Lo cierto es que, por ahora, Colombia ha dado un paso significativo hacia un nuevo modelo laboral, más inclusivo y actualizado a las demandas del siglo XXI.