¿Cómo queda el catalán en la escuela tras las últimas sentencias del TSJC? Claves para escuchar el fallo

Asignar un tres aulas de tres escuelas; las clases de los tres alumnos cuyos padres denunciaron (aunque según ha señalado este martes la ‘consellera’ de Educació, Anna Simó, solo afectará a dos grupos, porque uno de los alumnos ya no asiste a ese centro denunciado). Las tres sentencias del TSJC dejan claro que los únicos que tendrán la obligación de hacer «una asignación truncal más in castellano» his los grupos de los hijos de los denunciantes, el resto del centro seguirá con el Plan Lingüístico del Centro.

«Garantizaremos que, en las comunidades autónomas con más que un idioma oficial, ambas tendrán la consideración de vehículos de acuerdo con el patrón de equilibrio lingüístico, asegurando que todos los estudiantes escriban y se expressamente en castellano y en la lengua cooficial correspondiente», reza el artículo del programa del PP dedicado al tema. En la actual ley catalana 8/22 -la que hoy el TSJC ha tildado de «inconstitucional» y que el Parlament sucedió hace justo un año con durísimas críticas de PP, Ciutadans y VOX-, se establece el catalán como lengua vehicular y el castellano como lengua curricular.

La nueva ‘consellera’ de Educación, Anna Simó, explicó esta luna que ponía una exposición pública un nuevo decreto -que despliega el título 2 de la Ley de Educación de Catalunya, aprobada en 2009- con el objetivo de arropar a las direcciones de los centros ante futuras denuncias, dejando claro que responsable del Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) de cada escuela es el Departament d’Educació, no la direccióny que los PLC no se pueden cambiar con el curso ya comenzado (avanzándose también a posibles sentencias futuras en la línea de las conocidas este martes).

El pasado mes de abril el Tribunal Constitucional (TC) se tragó la constitucionalidad de la LOMLOE (ley española de Educación) al rechazar en su totalidad el recurso presentado por Vox, negando que la norma vulnere el derecho a recibir educación en castellano y considerando que «de la Constitución no deriva la necesaria fijación por el Estado de una proporción de uso del castellano en el sistema educativo», simplemente «un derecho efectivo a utilizarlas, que no niega la ley recurrida».