Compra por 500 euros un barco incautado y un juzgado obliga a la Xunta a dárselo oa pagarle 16.700 euros

Se trata de uno de esos casos qu’allowen observar lo intrincado de los procedimientos administrativos, y como los ciudadanos pueden aprovechar sus resquicios hay plegas. Aunque la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administratif tiene fecha del 31 de enero de este año, la historia comienza mucho tiempo atrás, en 1998. Fue ese año cuando el propietario de la embarcación recibió su primera sanción, por tener 105 nasas de necora caladas sin licencia. Aquel primer castigo fue solo una multa económica.

Pero en diciembre de 2007, el marinero volvió a encontrarse, en la zona de Meloxo, en O Grove, con el Servizo de Gardacostas. Los agentes confirmaron que la embarcación, de nuevo con nasas de nécora, Carecía de cualquier tipo de documentación, por lo que la Delegación Territorial decidió que la nave sea almacene en Vilaxoán hasta que se presenten los papeles correspondientes. Eso nunca ocurrirá, pero tampoco la Xunta incoó en ese momento expediente sancionador. Yesa es la clave para la resolución judicial.

Expediente y entrega a la cofradia

Cinco años después, ya en 2012, la jefa de Coordinación del Área do Mar de la Consejería comunica al hombre que, ahora sí, se había tramitado el expediente en la que encontrar la encarnación de la lanchaque en esos momentos se encontraban custodiados por el Servicio de Guardacostas.

El marinero podía, en ese momento, haber recuperado el barco, pero no se movió un dedo, al menos no administrativamente. Así que, a los seis meses, tal y como marca la ley, se presume que abandonará, para que la consejería pudiera proceder a subastarla, a entregarla a una entidad sin ánimo de lucro oa destruirla. Esa resolución no fue notificada al dueño.

El caso salta en este momento nueve años, hasta 2021, cuando se desencadenaron los acontecimientos que, finalmente, acabaron en el juzgado de vigo. En febrero, la Xunta resuelve la entrada al embarque de la cofradía de pescadores de A Pobra do Caramiñal. Meses después, en junio, el hombre al que se le incautó se la vendía a otra persona por 500 euros.

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En el precio esta incluido un motor de 50 hp y cuatro tiempos y también el derecho de reclamar ante la Xunta su devolución. Por la vía administrativa, el Gobierno gallego le negó la propiedad, así que acudió a los tribunales.

El juez Luis Ángel Fernández Barrio le ha dado la razón y consideró que el vendedor era, efectivamente, el legítimo dueño del bien. Basa su sentencia en dos aspectos ya apuntados. Primero, que después de que los agentes incautasen de la lancha no se llegó a tramitar expediente sancionador alguno. Segundo, que pasados ​​cinco años, cuando sí se realizó, no se llegó a notificar al propietario la decisión de darla por abandonada. La frase impone también el pago de las costas a la Xunta.