El desbloqueo asegura un largo período de la mayoría progresista en el Constitucional | España

El débloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional, tras la decisión del martes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), asumirá que el tribunal de garantías pasa automáticamente —cuando los magistrados tomen posesión, en las próximas semanas— de su actual mayoría conservadora (6-5) tiene otra de carácter progresista (7-4). Sí esa nueva mayoría lo será durante un largo período: hasta 2031 no volverán a intervener ni el Gobierno (que nombra dos magistrados del Constitucional) ni el Consejo del Poder Judicial (otros dos). Entre medios se realizarán las renovaciones correspondientes al Congreso y al Senado. Salvo que de las elecciones salier una mayoría parlamentaria abrumadora del bloque conservador o del progresista, esas renovaciones no alterarían la relación de fuerzas (porque los cambios en el Constitucional se hacen por consenso de tres quintos de los miembros de las Cortes).

Una vez renovado con la citada mayoria progresista, el Constitucional va a tener mucha tarea por delante, aunque el primer paso ha de ser la eleccion de un nuevo presidente o presidenta. Los progresistas Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer siguen a los principales candidatos. Con toda probabilidad, el vicepresidente será el magistrado curador Ricardo Enríquez. Paralelamente, habrá que empezar a deliberar sobre los numerosos recursos y proyectos de sentencia de calado especial político que se han ido guardando en un cajón en los últimos meses, a la espera de que sobre ellos decidieran un tribunal y renovado. Es seguro que el fallo sobre la ley vigente del aborto —recurrida por el PP en 2010— ocupará un lugar prioritario en el calendario del Constitucional.

El ponente, el magistrado conservador Enrique Arnaldo, ha terminado un borrador de sentencia desde la primavera en el que, según fuentes del tribunal, tragó la ley, pero determinados requisitos y cautelas para las mujeres que quieran interrumpir sus embarazos. En cualquier caso, no cabe descartar un cambio de ponente si el texto elaborado por Arnaldo se considera restrictivo para la nueva mayoría.

Otros recursos de relevancia que esperan resolución y que el tribunal ha mantenido en un compás de espera son los relativos a la ley de eutanasia, la reforma educativa (ley Celáa), la pérdida del escaño por parte del diputado de Podemos Alberto Rodríguez, la legislación de la Generalitat para impedir la fijación de una cuota del 25% de castellano en las escuelas catalanas, las formas alternativas de juramento o promesa de la Constitución por parte de los diputados y senadores de varios grupos, la reforma laboral y la reducción de competencias del Consejo General del Poder Judicial en funciones.

El débloqueo del Constitutional marca la línea de salida de todas estas sentencias pendientes y, aunque es pronto para determinar un calendario de actuaciones del nuevo tribunal, fuentes del propio órgano de garantías estiman deseable y factible que todos estos asuntos han sido resueltos a lo largo de 2023. Las mismas fuentes subrayan, sin embargo, el carácter electoral del año próximo y la norma no escrita que aconseja que los fallos con mayor repercusión política y social no coincidan con campañas electorales.

A pesar de la restricción que ha imperado hasta ahora, la mayoría conservadora ha llevado a cabo una important labour de tijera jurídica en el tribunal, poniendo en riesgo la estrategia del actual Gobierno de coalición frente a algunos de los problemas más agudos que ha tenido que adelante. El caso más destacado es el de la sentencia sobre el decreto del estado de alarma que estableció el confinamiento de la población en el primer momento de la pandemia. La mayoría del tribunal dictó la nulidad de este decreto por considerar que esta «suspensión» de derechos básicos solo es posible bajo el paraguas jurídico de un estado de excepción.

El tenso debate que supuso dicha sentencia no ha permitido la normalización de la vida del tribunal en el año y medio transcurrido desde entonces, como ha quedado de alivio en los dos últimos plenos del Constitucional. En todos los plenos se ha aprobado, también en intensas deliberaciones, la medida cautelarísima pedida por el PP para retirar dos enmiendas propuestas por el PSOE y Podemos en un proyecto de reforma penal que introdujo cambios legales para facilitar la renovación del proprio Constitucional. En la corte de medios del propio se estimará que será difícil que el Constitucional se quede adelante con un clima interno aceptable tras las fracturas registradas.

La elección de los magistrados que correspondan nombrar al Consejo del Poder Judicial cogió el martes al Constitucional sin un plan cerrado para el relevo, pero los trámites que son necesarios para llevar a cabo se habrán “de forma inmediata”, según fuentes del tribunal. Se estima que el pleno para dar el lugar a los nuevos magistrados —los elegidos por el Poder Judicial y los que ya habían designado el Gobierno— tendrán lugar el jueves o el viernes. La toma de posesión se retrasará previsiblemente una semana.