“El impuesto fronterizo al carbono es un paso adelante, pero ¿a qué costo? »

La adopción del impuesto al carbono en frontera radica en un mecanismo de ajuste de carbono en frontera (MACF) que tiene por objeto someter los productos importados al mismo precio del carbono impuesto a las mercancías en la Unión Europea. Esta decisión es parte de un paquete legal europeo implementado para lograr la neutralidad de carbono para 2050.

El Viejo Continente innova al imponer a los importadores europeos el pago de las emisiones importadas producidas en terceros países que aún no han adoptado la obligación de comprar derechos para contaminar, como es el caso de la Unión Europea (UE). El impuesto al carbono en las fronteras no se adelanta, pero ¿a qué precio?

Cabe destacar en primer lugar que este nuevo impuesto es un primer reconocimiento de la responsabilidad del consumidor en el calentamiento global. Contrariamente a la hasta ahora regla universal de “quien contamina paga”, no es el productor que contamina quien paga el impuesto sino quien importa, y por lo tanto consumirá, quien debe comprar los famosos certificados.

Esto debería deleitar a los productores chinos que durante mucho tiempo han afirmado que, si bien son el país más contaminante, son exportadores netos de CO₂ : sí, se han convertido en la fábrica del mundo pero es en gran parte para nosotros, ricos consumidores satisfechos.

Empresas europeas doblemente penalizadas

Entonces, aunque su nombre no lo diga, sin duda para salvar a la Organización Mundial del Comercio (OMC), este mecanismo de ajuste es un impuesto a las importaciones cuyas consecuencias distributivas son bien conocidas. En pocas palabras, dicho impuesto reduce el excedente del consumidor, que debe pagar más por el bien importado, y aumenta la ganancia del productor nacional.

Estos resultados clásicos se refieren a la importación de bienes de consumo final. Pero, en el caso del MACF, los productos afectados son, por el momento, bienes intermedios, acero, cemento, fertilizantes, aluminio, electricidad; es decir, que el “consumidor” que pagará el impuesto son las empresas europeas que utilizan estos insumos y que verán incrementados sus costes de producción frente a los productores extracomunitarios.

Esta no es realmente la equidad buscada por el MACF. Y más cuanto que, en un principio, el certificado de emisión sólo se refiere a las emisiones directas de CO₂. Es decir, el productor europeo de un bien final utilizando acero o cemento importado tendrá que pagar por las emisiones incluidas en estos insumos, mientras que el productor extracomunitario del mismo bien final utilizando estos mismos insumos importados a menor coste, pueden exportar sus productos a la UE libres de impuestos, sin tener en cuenta las emisiones indirectas.

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