El Salario Mínimo Interprofesional como derecho social humano | Economía

España es, de las principales economías europeas, el país que tiene un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) más bajo. A pesar de que alcanzó la cuota de los mileuristas, aún nos encontramos lejos de las principales economías europeas. Países como Bélgica, Irlanda, Países Bajos, Francia, Reino Unido o Alemania hace tiempo que superaron la barrera de los 1.600 euros —Luxemburgo ha superado los 2.200 euros— y se encaminan, en muchos casos —holandeses, belgas, o alemanes— a subidas , para este próximo 2023, superior al 10%.

Nuestra Constitución, art. 35, proclamó el derecho de todos a una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades de la persona trabajadora y su familia. Esto no ha impedido que en España —cuarto país europeo con un mayor riesgo de pobreza y exclusión social, un 27,8% de la población residente, solo por detrás de Rumania, Bulgaria y Grecia— se haya experimentado un aumento de las personas pobres con empleo hasta el extremo que una de cada tres, casi 2,5 millones, están ocupadas, lo que demuestra la importancia que está cobrando la fijación del SMI como instrumento para combatir la escasez en el trabajo.

Tradicionalmente, a los llamamientos de actualización de los salarios mínimos oponía un discurso, supuestamente economicista, que señalaba que los aumentos del SMI tienen efectos negativos en el empleo. Los economicas americanos Card y Krueger, premios Nobel de economía 2021, demostraron, sin necesidad de entrar en el debate sobre cuál es el nivel de demanda que deben tener los países en combat la explotación laboral y la erradicación de la pobreza, que el alza del Salario Mínimo Interprofesional no solo no produce merma en el empleo, sino que sirve de catalizador del crecimiento económico. Una tesis ha incorporado recientemente el proprio Banco de España, que ha reconocido el impacto positivo de la brusquedad de los empleados de las personas con trabajos más precarios en la crisis real de la inflación. Estudios más rigurosos, donde son suma uno del Instituto de Estudios Fiscales, acreditan que la subida del SMI mejorará la economía en general, la vida de la gente trabajadora más humilde en particular y reducirá las desventajas sociales. Asimismo, su elevación coopera con la sostenibilidad del sistema público de pensiones y fomenta su suficiencia en el futuro.

En nuestro país, la evidencia empírica existe — si hemos alcanzado las mayores cuotas de afiliación a la Seguridad Social con alzas del salario mínimo — muestra que la dinámica empresarial productivaiva responde muy positivamente al incremento de la demanda interna que, a su vez, está determinado por la evolución del consumo de las familias y, por lo tanto, de los salarios. En este sentido, el aumento de los sueldos más bajos produce un mayor dinamismo económico con incremento de la demanda interna, de las inversiones y del empleo.

La reciente directiva 2022/2041 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre unos mínimos salarios adecuados, que obliga al acceso efectivo por parte de las trabajadoras a la protección de un salario mínimo, señala que la observación, con perspectiva nacional, de una cesta de bienes y servicios a precios reales pueden ser basicos para determinar el coste de la vida con el objetivo de fijar una retribucion digna. El papel de los salarios mínimos necesarios es particularmente importante porque las personas más vulnerables pueden cubrir las necesidades materiales como alimentos, ropa o vivienda.

La fijación de unos salarios mínimos justos, que proporción un nivel de vida digno, debe constituir la base básica de cualquier economía nacional que tenga conciencia social. Para evitar la pobreza de las personas ocupadas debemos garantizar una percepción mínima adecuada que permita satisfacer las necesidades de quienes tienen un trabajo y sus familias. Las mujeres, las personas con discapacidad, las que sufren múltiples formas de discriminación, los migrantes, los trabajadores poco calificados, los progenitores de familias monoparentales y los más jóvenes representan la mayoría de los más de dos millones de personas trabajadoras que perciben el SMI, por lo que su dignificación debe ser un requisito previo para alcanzar un crecimiento justo, inclusivo y sostenible. Su incremento, además, contribuye a la equidad en el mercado laboral, a reducir las desigualdades sociales y acorta la brecha de género.

Concebir el Salario Mínimo Interprofesional como derecho social humano solicitaremos nuestra actualización en consonancia con las principales economías europeas.

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