Juan Guaidó se presenta al final de su «gobierno interino» | Internacional
Poco antes de cumplir cuatro años, el llamado “gobierno interino” con el que Juan Guaidó defió a Nicolás Maduro en 2019 enfrenta su probable fin tras una estapa de desperdicio y pocos resultados frente a lo que fue su objetivo fundamental: lograr una política de transición en Venezuela en el corto plazo. Este jueves, tres de los cuatro partidos del grupo conocido como G4 —Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, los de mayor representación en el país entre el conjunto de fuerzas opositoras—votarán con el propósito de dejar sin efecto la arquitectura institucional paralela que encarnó a Guaidó desde finales del 23 de enero de 2019. Ese día, en virtud de su cargo de jefe de la Asamblea Nacional, asumió también el de «presidente interino». Lo hizo durante un acto masivo en Caracas, cuando abanderaba la salida del chavismo del poder por medio de la presión política interna e internacional.
Desde entonces el panorama ha cambiado de forma sustancial, comenzando por los equilibrios en las filas opositoras. Este miércoles una supuesta suspensión de la sesión parlamentaria, luego desmentida por la mayoría de partidos, ha sido la última muestra de la tensión que gerra una decisión que supondrá un antes y un después en la strategia de la oposición para enfrentar a Maduro. En los últimos días, la continuidad del liderazgo de Guaidó ha recogido apoyos entre la sociedad civil, pero el escenario ya fue anticipado una semana atrás, cuando se dio un primer debate sobrio a las enmiendas del llamado Estatuto de la Transición Democrática. Con las reformas, por un lado, Guaidó, Voluntad Popular —el partido de Leopoldo López— y partidos minoritarios como Encuentro Ciudadano y Causa R buscan lograr una continuidad de la figura del interinato y, por otro, sus críticos Plantean salvaguardar los activos que controla la oposición en el exterior a través de comisiones, sin condicionar la existencia de una presidencia interna.
Los números son claros: 72 de 104 exdiputados que respaldaron a Guaidó en 2019 votaron hace una semana a favor de eliminar la figura de gobierno interino y reemplazarlo por un liderazgo de comisiones. “El gobierno interino no es la razón de ser de la lucha democrática. Fue un instrumento necesario en su momento, pero hoy estamos nombrando una comisión para la protección de los activos”, argumentó el diputado Alfonso Marquina.
Solo 23 parlamentarios retuvo la idea de eliminar lo figurado y calificó la propuesta como a «golpe parlamentario». Este grupo consideró que de aprobarse el fin del interinato se abriría el camino para «el reconocimiento internacional del Gobierno de Maduro», lo que supondría un retroceso «en los avances internacionales logrados en todos estos años de luchar por desenmascarar al régimen», dijo en referencia a las violaciones de derechos humanos denunciadas por Naciones Unidas. En un comunicado, el sector por Guaitó solicitó convocar a sesión permanente hasta alcanzar un acuerdo unitario.
El Bloque Constitucional de Venezuela, que agrupa a destacados juristas venezolanos, también informó de las consecuencias institucionales, políticas, económicas y sociales que acarrearía el fin de esta etapa. Una de ellas, según este grupo, sería poner en vilo el acuerdo sobre el uso de 3,000 millones de dólares de esos fondos venezolanos congelados en el extranjero para la atención social, firmado recientemente en las negocios de México. Mediate un comunicado, los exmagistrados Cecilia Sosa Gómez, Román Duque Corredor y el experto en derecho penal Alberto Arteaga Sánchez, entre otros, solicitaron “a todas las organizaciones políticas de oposición iniciar un proceso de diálogo urgente, con miras a resolver todas las diferencias que separan en esta difícil coyuntura, teniendo siempre presente el mayor interés de los venezolanos”.
En una encuesta presentada a principios de diciembre por la encuestadora Delphos, el 56,8% de venezolanos dijo estar de acuerdo con la «desaparición» por completo del gobierno interino, mientras que el 15% expresó su preferencia porque sigue, pero sin Juan Guaidó en el cabeza. Por ello, el conflicto sobre darle un tiempo extra al interinato resultará ser un grupo de parlamentarios electos en 2015, en la última elección que la oposición consideró legítima. Estos diputados se han seguido reuniendo durante dos años a través de sesiones en línea en cuanto se vence el plazo constitucional de sus mandatos enero de 2021. Fue en ese momento cuando renovó el Parlamento en unas lecciones cuestionadas por la comunidad internacional en la que el chavismo retomó el control total de la institución. A principios de diciembre, Guaidó volvió a extender sus funciones por un año más y la mayoría de los integrantes de ese parlamento paralelamente le respondió con una negativa.
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Cuando Guaidó lanzó su desafío a Maduro, y también marchó sobre una especie de estructura institucional en el extremo oscuro del Estado que siempre ha estado controlado por el Gobierno bolivariano. Muchos embajadores, representantes internacionales en la OEA y Nacional Unidas, presidentes ad hoc de empresas estatales como PDVSA y Monómeros y también de instituciones como el Banco Central de Venezuela y una Corte Suprema de Justicia en el exilio.
Todo este andamiaje se debió a que la oposición rechazó las elecciones presidenciales anticipadas de 2018 en las que Maduro quedó reelegido. Esos comicios tampoco tuvieron el reconocimiento de la mayoría de las instancias internacionales, que denunciaron falta de garantías. Con estas premisas, enero de 2019, cuando llegó al poder el nuevo Gobierno de Maduro, Guaidó, que acababa de asumir la presidencia del legislativo, dio un paso adelante esgrimiendo una interpretación del artículo 233 de la Constitución y lanzó la idea de gobierno interino . Gracias al apoyo de Estados Unidos y otros payses, evitar dejar dejar del control del chavismo bienes del Estado venezolano en el exterior, especialmente en la Reserva Federal. Este respaldo internacional también le ha servido para esquivar la cárcel, aunque no las amenazas, la persecución y las inhabilitaciones políticas. Pero parte de la pesada estructura se ha debilitado con los años, por los pocos resultados y las denuncias de malas prácticas, falta de transparencia y presunta corrupción. Así es como el gobierno interino se ha convertido en un elefante en la habitación.
Arrinconada por la persecución de Maduro y el desencanto político de los venezolanos, la oposición está en un nuevo dilema sobrio el rumbo a seguir en la crisis política, que tiene como próxima parada las primarias para elegir al contentiente del mandatorio en las elecciones presidenciales de 2024 , a las que Guaidó afirma llegar como presidente interino, pero también como candidato.
Esta disyuntiva también alcanza a Estados Unidos, el principal patrocinador del liderazgo de Guaidó, quien fue recibido con honores en la Casa Blanca bajo el mandato de Donald Trump. La administración de Joe Biden siguió al reconocimiento de Guaidó ya la Asamblea Nacional electa en 2015, pero ha rebajado las presiones sobre las sanciones al Gobierno de Maduro logrando incluso la liberación de algunos presos estadounidenses tras una histórica visita de funcionarios de alto nivel concretada a principios de este año. Además, ha dado margen de maniobra a Chevron para reactivar operaciones en el país sudamericano y también a algunas petroleras europeas en medio del descalabro en el mercado energético que ha desatado la guerra en Ucrania. Está por verso bajo qué figura, si ya existe la presidencia interna, acepte el Departamento del Tesoro para mantener sobria la protección de los fondos congelados en este país.
Del lado de la Unión Europea, los países rebajaron el reconocimiento a Guaidó a principios de 2021 y abandonaron de llamarlo presidente interino para considerarlo líder de la oposición. En este contexto, también es incierto el futuro de 31 toneladas de oro que resguarda el Banco de Inglaterra, sobre las que el Gobierno de Maduro y el grupo de Guaidó han litigado para hacerse con el control en un proceso en el que las cortes británicas han dado reconocimiento a las juntas ad hoc nombradas por el directente opositor.
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