La Fiscalía de Perú investiga a Boluarte y Castillo por lavado de activos

La investigación es guiada por la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos contra Boluarte, Castillo y el empresario Henry ShimabukurVayaque ha declarado ante la prensa haber financiado los viajes y actividades proselitistas de la hoy presidenta colgante la campaña de 2021.

En su campaña, Castillo encabezaba al candidato a la Presidencia de la República en una fórmula junto a Boluarte, que aspiraba a la Vicepresidencia.

La presunta comisión de estos delitos ocurrió durante la campaña electoral del partido Perú Libre en 2021, aclaró la Fiscalía en su cuenta de Twitter.

Boluarte, quien sucedió a Castillo en diciembre del año pasado tras ser destituido por su fallido autogolpe, había rechazado el domingo las manifestaciones en su contra y reiteró que eran una “oscura maniobra política que pretendía manchar al gobierno constitucional, a la democracia y la institucionalidad , con dichos y sin pruebas”.

“No ha existido tipo de negociación, pedidos o favores ningún favor por parte de la señora Dina Boluarte”, dijo su despacho a través de Twitter en referencia a las recientes denuncias de haber recibido dinero no declarado de empresarios en la campaña electoral.

Moción de despido

El último domingo, Maritza Sánchez, una profesora adjunta a Castillo, denunciada en el programa Cuarto Poder que Shimabukuro, un asesor en la sombra del expresidente, y Eduvigis Beltrán trajeron fuertes sumas de dinero a la campaña de Boluarte para acceder a programas de ayuda con el Estado get there a personas cercanas en altos cargos públicos.

Sobre estas acusaciones, la Presidencia comentó que «si el señor Shimabukuro ha colaborado o financiado actividades partidarias, lo ha hecho absolutamente de manera personal y sin transar compromiso alguno».

Debido a las alegaciones de Shimabukuro, la oposición en el Congreso ha anunciado una moción de destitución contra Boluarte, que puede ser formalizada esta semana durante el pleno.

No obstante, la mandataria tuvo que responder el lunes a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el Palacio de Gobierno por otro caso de presunta corrupción referido a las supuestas irregulidades en la contratación de empresas de su exasesora Grika Asayag.

El pasado 1 de marzo, la Fiscalía de la Nación anunció el inicio de investigaciones preliminares por presunto tráfico de influencias contra Asayag, como parte de una investigación abierta por la supuesta comisión de delito de lito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo contra el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, y el presidente del sistema de seguridad social de EsSalud, Aurelio Orellana.