La privatización de las carreteras de 2006 sigue persiguiendo a Bruno Le Maire

Naciones Unidas «fantasía francesa». Así habla de las autopistas el séquito de Bruno Le Maire, Ministro de Economía, irónicamente sobre esta idea instalada en el dictamen según el cual la privatización, registrada en 2005, habría sido un mal negocio para el Estado, mientras que la autopista las empresas estarían sentadas en una mina de oro. Es difícil corregir esta narrativa: cada tres o cuatro años, una comisión de investigación parlamentaria, un informe de la Autoridad de Competencia o el Tribunal de Cuentas viene a poner una pieza en la máquina, con conclusiones críticas sobre el funcionamiento para el estado.

El último informe de la Inspección General de Hacienda sobre la materia, del que El pato encadenado reveló las conclusiones a principios de año, también saca una amarga conclusión: determina la rentabilidad “muy por encima de las expectativas” inversión para dos empresas de autopistas, señala que el Estado, limitado por los contratos de concesión celebrados en 2006, tiene poco o ningún margen de maniobra.

Durante casi veinte años, la cuestión de la privatización de las autopistas ha perseguido y dividido al mundo político y sigue encontrando un fuerte eco en la opinión pública. Barreras enteras fueron así incendiadas, durante el invierno de 2018, por los «chalecos amarillos», que protestaron contra los peajes excesivamente altos, vistos como el símbolo de un abandono de su patrimonio por parte del Estado en detrimento de las clases medias. Signo de la sensibilidad del tema, durante la campaña presidencial de 2022, Marine Le Pen, candidata del Agrupamiento Nacional, como Jean-Luc Melenchon, candidato de La France insoumise (LFI), prometió renacionalizarlos.

Posición más incómoda que para los demás.

Son la inflación y el poder adquisitivo los que han reabierto la muy delicada cuestión de las autopistas, en el contexto de la fiscalidad de las superganancias, mientras las finanzas públicas están tensas por dos años de pandemia de Covid-19 y crisis energética. «Las carreteras se perciben como un patrimonio nacional que generaciones de franceses habían recuperado para financiar y que habríamos «vendido» al sector privado.descifra Jérôme Fourquet, director del IFOP. Esto se suma a la sensación de que se han convertido en una fuente de ingresos para las empresas de autopistas, en detrimento de los automovilistas. »

En este contexto, Bruno Le Maire será escuchado en la Asamblea Nacional, el miércoles 22 de marzo, por la Comisión de Finanzas y la Comisión de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio, con el Ministro Delegado de Transportes, Clément Beaune. El tema es un poco más incómodo para él que para otros: el excandidato a las primarias de la derecha fue asesor de Dominique de Villepin en Matignon, en 2005, cuando se decidió la privatización, y luego se convirtió en su director de oficina al año siguiente. .

Te queda el 31,03% de este artículo por leer. Lo siguiente es solo para suscriptores.