ILa Unión Europea (UE) ha demostrado en numerosas ocasiones que es capaz de reaccionar ante las crisis. Los avances más significativos en la integración europea se han producido en los momentos más difíciles. Esto es especialmente cierto en lo que respecta a nuestra unión económica y monetaria.
En noviembre de 2022, la Comisión Europea presentó la reforma más ambiciosa de las reglas fiscales de la UE jamás propuesta desde la crisis económica y financiera de 2008. Estas recomendaciones siguen a una serie de shocks económicos que necesitan respuestas rápidas, enérgicas y, a menudo, sin precedentes.
Con el fin de dar a los gobiernos el margen de maniobra necesario para responder a los retos económicos y sociales que plantea la epidemia de Covid-19 y la guerra de agresión provocada por Rusia contra Ucrania, la UE ha flexibilizado temporalmente sus normas presupuestarias. Este enfoque funcionó. Gracias a las medidas de apoyo económico adoptadas a nivel nacional y europeo, millones de personas han podido conservar su puesto de trabajo.
Pero este éxito no debe ocultar las consecuencias negativas de un período prolongado de apoyo presupuestario. La deuda pública ha aumentado, en algunos países a niveles preocupantes. Ahora debemos abordar esto, porque las finanzas públicas sanas son la condición previa para un crecimiento económico sostenido. Al acumular reservas fiscales en tiempos de bonanza, estaremos mejor preparados para futuras crisis.
La buena gestión de las finanzas públicas es particularmente importante dadas las perspectivas económicas y fiscales para la próxima década. De hecho, nos enfrentamos a una serie de desafíos comunes. Las transiciones ecológicas y digitales y la necesidad de fortalecer la capacidad de seguridad de Europa requerirán una importante inversión pública a largo plazo. Estos esfuerzos deberán realizarse mientras las condiciones de financiamiento sean mucho menos favorables que durante la década anterior. A esto se suma el envejecimiento de la población que pesará cada vez más en los presupuestos de los Estados.
Se necesitarán finanzas públicas sólidas para hacer frente a estos nuevos desafíos. ¿Cómo se llega allí? Mediante la definición de todas las probables normas regulatorias, asociadas a un compromiso por parte de los Estados Miembros de respetarlas y con instrumentos efectivos que permitan su adecuada aplicación.
Las propuestas de la Comisión pretenden orientar estas nuevas reglas sobre la base de los siguientes principios: primero, se deben tener en cuenta las situaciones nacionales y los desafíos específicos que enfrenta cada país en términos de deuda pública. Un enfoque único para todos no funcionará. Las reglas que fijan los mismos objetivos y requieren el mismo ritmo de ajuste fiscal para todos no serán efectivas ni aceptables.
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