Un mercado de carbono es un mecanismo económico diseñado para poner un precio al dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero (GEI) con el objetivo de incentivar la reducción de emisiones. En esencia, transforma emisiones en un bien comerciable: derechos para emitir (en mercados regulados) o créditos que certifican reducciones o secuestros de carbono (en mercados voluntarios). La lógica es simple: cuando emitir cuesta dinero, empresas y gobiernos tienen un incentivo financiero para invertir en eficiencia, energías limpias y protección o restauración de sumideros naturales.
De qué manera opera (principios esenciales)
- Sistema de tope y comercio: el regulador fija un tope total de emisiones y distribuye u subasta permisos (allowances). Las empresas que emiten menos venden permisos a las que emiten más. El tope va disminuyendo con el tiempo para reducir emisiones totales.
- Mecanismo de cuotas o límites con ajustes: variaciones según sector, con asignaciones gratuitas para evitar fuga de industrias intensivas en carbono.
- Sistemas de crédito (baseline-and-credit): un proyecto que reduce emisiones por debajo de una línea de base recibe créditos que pueden venderse; usados tanto en mercados voluntarios como, en ocasiones, en mercados regulados.
- Comercio internacional de resultados: previsto en el Acuerdo de París (Artículo 6), permite que los países compren resultados de mitigación en otros países, siempre que haya ajustes contables para evitar doble contabilización.
Clases de mercados
- Mercados de cumplimiento (regulados): instaurados por autoridades gubernamentales para actividades concretas del sector energético e industrial; incluyen el sistema europeo de comercio de emisiones, los mercados estatales en Estados Unidos y el sistema nacional de China.
- Mercado voluntario: empresas, entidades u particulares adquieren créditos de forma voluntaria con el fin de equilibrar sus emisiones o acreditar neutralidad, e integra iniciativas forestales, programas de eficiencia energética, tecnologías de captura y almacenamiento, entre otras alternativas.
Ejemplos y datos relevantes
El sistema europeo de comercio de emisiones (EU ETS) comenzó en 2005. Tras años de precios bajos, la reforma y restricciones en la oferta llevaron los precios a niveles mucho más altos en la década de 2020, superando en varios momentos los 80–100 euros por tonelada de CO2.
El mercado nacional de China comenzó a operar en 2021, al principio centrado en el ámbito eléctrico; sus precios arrancaron en niveles moderados, de apenas unos pocos dólares por tonelada, y se prevé que su impacto aumente conforme se extienda su cobertura.
Sistemas regionales como California o RGGI (noreste de Estados Unidos) aplican precios que, en general, han sido más bajos que el europeo, pero con diseños distintos en asignación y uso de ingresos.
Los mercados voluntarios han vivido una expansión acelerada: gestionan miles de millones de dólares y comercializan decenas de millones de créditos cada año, aunque el valor por crédito varía considerablemente, desde apenas unos dólares hasta varias decenas o incluso cientos, dependiendo de su calidad y categoría.
Las emisiones globales de CO2 derivadas del uso de combustibles fósiles se situaban en varias decenas de gigatoneladas al año (por ejemplo, cerca de 36 GtCO2 en los periodos anteriores a la pandemia), y los mecanismos de fijación de precios abarcaban una fracción relevante aunque todavía minoritaria de dicho volumen.
Razones que provocan controversia
- Integridad ambiental de los créditos: se plantean inquietudes sobre si numerosas reducciones certificadas resultan auténticas y realmente adicionales. Adicionalidad implica que la disminución no ocurriría sin la financiación del crédito; demostrarlo suele ser complejo. Algunos proyectos cuestionados han emitido créditos por recortes que habrían sucedido igualmente.
- Permanencia: en particular dentro de iniciativas forestales y de manejo de tierras, el carbono capturado puede liberarse por incendios, plagas o cambios en el uso del suelo, lo que compromete la estabilidad de la compensación.
- Fuga de emisiones: cuando actividades altamente emisoras se desplazan a zonas sin precios de carbono, las reducciones logradas localmente podrían no traducirse en una disminución global.
- Doble contabilización: en ausencia de sistemas contables fiables entre países o actores, una misma reducción puede ser atribuida tanto al comprador como al vendedor, afectando la coherencia global de los compromisos climáticos.
- Desigualdades y derechos humanos: ciertos proyectos, sobre todo en territorios comunitarios o indígenas, se han vinculado a desalojos, limitaciones de acceso a recursos o falta de consulta previa, generando tensiones sociales y dilemas éticos.
- Greenwashing corporativo: hay empresas que proclaman objetivos de “neutralidad” sustentados mayormente en la compra de créditos en vez de reducciones internas significativas, lo que puede atrasar transformaciones reales hacia menores emisiones netas.
- Precios insuficientes y volatilidad: valores de carbono demasiado bajos no promueven una descarbonización profunda; en contraste, niveles elevados y fluctuantes pueden generar incertidumbre para invertir en tecnologías limpias.
- Diseño regulatorio y rentas inesperadas: asignaciones gratuitas o fallas de diseño han producido ganancias considerables para ciertos sectores sin disminuir emisiones, como beneficios imprevistos para empresas que reciben permisos y aumentan precios al consumidor.
- Commodificación de la naturaleza: existe una crítica ética y filosófica sobre convertir bosques, suelos y prácticas tradicionales en bienes transables, con posibles impactos sobre la biodiversidad y los modos de vida locales.
Ejemplos representativos
- El mecanismo de desarrollo limpio (MDL) asociado al Protocolo de Kioto recibió críticas por iniciativas cuyos créditos presentaban escasa adicionalidad; entre ellas destacaron casos vinculados a gases industriales que generaron un exceso de créditos y un desplome en los precios.
- Los proyectos de reducción de emisiones en bosques (REDD+ y otros) han ofrecido resultados variados: algunos han logrado conservar amplias extensiones y aportar ingresos a comunidades locales, mientras que otros fueron cuestionados por vulnerar derechos territoriales y por el riesgo de reversión, ya sea por incendios o tala.
- En ciertos mercados regulados, la entrega inicial de permisos gratuitos favoreció a sectores con alto uso de carbono y trasladó costes indirectos a los consumidores finales, lo que generó discusiones sobre justicia y diseño de políticas.
Reformas y respuestas para mejorar la credibilidad
- Mejorar métricas y verificación: estándares más estrictos de medición, reporte y verificación (MRV) y mayor transparencia en metodologías.
- Reglas de adicionalidad y permanencia: criterios más exigentes y reservas que cubran riesgos de reversión en proyectos naturales.
- Ajustes contables entre países: para evitar doble contabilización en intercambios internacionales, conforme a lo acordado en el marco del Acuerdo de París.
- Enfoque en reducción interna: políticas que prioricen reducciones reales en la fuente y limiten el uso de créditos para cubrir objetivos climáticos básicos.
- Protección de derechos y participación: incluir salvaguardas para comunidades locales e indígenas, con consultas y beneficios equitativos.
- Estándares de integridad: iniciativas de mercado voluntario han propuesto principios y listas de créditos “de alta integridad” para orientar compras corporativas responsables.
Los mercados de carbono son herramientas poderosas que pueden ayudar a reducir emisiones de forma coste-eficiente, pero su eficacia depende del diseño institucional, la calidad técnica de los créditos y la gobernanza social que los rodea. Sin normas estrictas, transparencia y protección de derechos, corren el riesgo de convertirse en mecanismos que perpetúan emisiones, generan injusticias y retrasan las transformaciones necesarias. Al mismo tiempo, bien regulados y complementados con políticas públicas ambiciosas, pueden facilitar inversiones en energías limpias y en la conservación de paisajes, siempre que la prioridad sea la reducción real y permanente de gases de efecto invernadero y la justicia climática.