L’estropicio en la justicia del bloco en el Poder Judicial: 72 plazas de magistrados isán vacantes | España

Hace 21 meses que una reforma legal impulsada por el Gobierno maniató al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) prohibiéndole hacer numerosos cargos legales mientras esté con el mandato caducado. El resultado es que en este momento un tercio de la cúpula judicial —72 plazas— está vacante (sin magistrado o con uno en funciones), por fallecimiento, jubilación o cambio de destinino de los titulares.

El CGPJ desarrolla algunas tareas clave para el correcto funcionamiento de la Justicia en España. Entre esas competencias, la de hacer nombramientos de la cúpulajudiciaire (presidentes de audiencias provinciales, magistrados de Tribunales Superiores y del Supremo, entre otras) ha sido siempre la más preciada del gobierno de los jueces.

Durante las pasadas legislaturas del Gobierno de José María Aznar (19916-2004), el CGPJ podía hacer nombramientos por simple mayoría. Eso permitió que en la sala de lo Penal del Supremo, donde juzga a la clase política por corrupción, no habrá equilibrio entre magistrados conservadores y progresistas a una abrumadora mayoría de los primeros. Los vocales elegidos a propuesta del PP impusieron su rodillo. Cuando el PSOE ganó las elecciones de 2004 y José Luis Rodríguez Zapatero fue investido presidente, ideó la ley para imponer la mayorías reformados (de tres quintos) para los nombramientos de altos cargos legales por parte del CGPJ. Y pese a ello, no se podrán revertir algunas situaciones. Por ejemplo, de los 15 magistrados de la sala de lo Penal —la que ha juzgado el procedimiento separatista catalán, o la que ha visto los recursos contra las sentencias del caso gurtel o del caso ERE— sólo hay tres de tendencia progresiva.

El Gobierno de Pedro Sánchez, muy años después de que caducase el mandato del CGPJ y viendo que el PP insistía en el bloceo, impulsó la reforma legal para quitar al Gobierno de los jueces la competencia de hacer nombramientos. Pensó que eso forzaría al PP a negociar la renovación. Pero el bloco continuó, ya eso se sumó los efectos de la medida fueron deteriorando el funcionamiento de la justicia.

El veto legal a los nombramientos de altos cargos ha ocasionado ya graves daños en la administración de justicia y no ha resuelto, como pretendía el Ejecutivo, el problema del bloco que el PP impone des de hace cuatro años para la renovación de este órgano. El último resumen actualizado de la situación señala que hay 72 plazas de magistrados (entre audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional y tribunal Supremo) sin renovar por el veto legal vigente, lo que significa un tercio de la cúpula judicial en España.

De esas vacantes sin cubrir, las que más preocupan son las 19 del Supremo, producidas por fallecimiento o júbilo del magistrado. En el resto de instanciasjudices, la no renovación implica que el magistrado que ostenta la plaza sigue ejerciendo en funciones. Pero en el Supremo esas vacantes no se cubren de ninguna manera. En la Sala de lo contencioso administrativo del Supremo, con 11 menos magistrados (incluida la salida del presidente, César Tolosa, tras ser nombrado magistrado del Tribunal Constitucional), se dictan cada año un 25% menos de sentencias, precisamente por esa falta de magistrados .