Rechazo generalizado frente al intento de bloco de la candidatura de Arévalo en Guatemala

La situación política sigue caldeando los animos en el país centroamericano, al son de protestas pacíficas en las principales ciudades de Guatemala. Decenas de organizaciones internacionales, países miembros del G13 y sectores empresariales e indígenas de Guatemala han condenado en conjunto la persecución de un juez que busca cancelar el partido político Semilla, y han aplaudido la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de rechazar las presiones y asegurar la segunda vuelta presidencial entre los candidatos Sandra Torres (UNE) y Bernardo Arévalo (Semilla) el próximo 20 de agosto.

Las presiones ciudadanas, internacionales y sectoriales parecen haber surtido efecto. Las cortes han puesto un freno a la decisión del juez Fredy Orellana -conocido por haber enviado a prisión al periodista José Rubén Zamora, fundador del ahora extinto diario ‘El Periódico’- que buscaba cancelar el partido Semilla, en línea con una estrategia de persecución y cancelación de candidatos opositores a las elecciones generales, orquestada por el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei y sus principales aliados, entre ellos la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, y el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche.

el ultimátum

El miércoles 12 de julio, por la noche, integrantes del Movimiento Semilla interpusieron un amparo preventivo en la Corte de Constitucionalidad (CC), que buscaba que el Tribunal Supremo Electoral no le dier cumplimiento a la orden del Juzgado Séptimo de Instancia Penal para suspender la personalidad jurídica del partido. Día siguiente, bajo el clamor ciudadano y observadores internacionales, la CC otorgó un amparo provisional a favor del Movimiento Semilla para evitar su cancelación. Y no fue la única acción a favor del partido opositor.

El TSE anunció luego que no solo no suspendería la personalidad jurídica del Movimiento Semilla sino que accionaría legalmente, ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, para reverter la decisión del Juzgado Séptimo de Instancia Penal.

En la misma línea, el partido Semilla y Arévalo comunicaron que tomarán acciones legales contra el fiscal Curruchiche, quien además ha sido señalado por el Departamento de Estado de Estados Unidos como “actores corruptos”. Su número apareció en la sección 353 del conocido informado como ‘Lista Engel’, sobrios extraños que han participado en acciones que socavaron procesos o instituciones democráticas, hechos significativos de corrupción y obstrucción de investigaciones sospechosas de corrupción, criterio de Estados Unidos.

Rechazo generalizado

El rechazo general proviene de varios sectores, uno de ellos, el internacional, conformado por organizaciones de derechos humanos como Cejil, Impunity Watch y Wola, y los miembros países del grupo de donantes G13, conformado por Estados Unidos, Noruega, Francia, Reino Unido , Suiza, Suecia, Italia, España, Canadá, Alemania, la Unión Europea y Naciones Unidas.

Por otra parte, el sector empresarial del país ha unificado posturas respecto a la actual crisis política. Agrupados bajo el nombre de Foro Guatemala, organizaciones y entidades empresariales, civiles y religiosas respaldaron al TSE y condenaron el actuar del MP, al señalar que, de acuerdo con el artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), se establece que: «No se puede suspender un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que esta se haya celebrado».

Además, han pedido respetar la resolución del TSE que oficializa los resultados electorales. El Foro Guatemala está integrado por organizaciones civiles como Primero Guatemala, Jóvenes por Guatemala, Asorema, Visible Guatemala; académicos, como la Fundación Libertad y Desarrollo, ASIES y la Universidad Rafael Landívar; religiosas, como la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG), la Comunidad Judía de Guatemala (CJG) y el Organismo Naleb´, y empresas como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

Integrantes de una de las organizaciones indigenas más grandes del país, 48 ​​Cantones de Totonicapán, expresaron su preocupación ante la situación política y advirtieron movilizaciones en todo el país para defender la democracia. Piden la renuncia de Porras y Curruchiche.

Asimismo, las principales ciudades del país ya han visto llenarse sus plazas y calles de manifestantes. Convocadas por diversas activistas, hay programadas décadas de manifestaciones pacíficas en todo el país. La mayoría han sido convocadas por la organización Justicia Ya, quien tuvo un rol protagónico en las manifestaciones pacíficas de 2015, que lograron la renuncia de Roxanna Baldetti y Otto Pérez Molina de la viceprésidence y presidencia del país, tras conocerse su involucramiento en al menos 3 caso de corrupción.

El caso que busca enterrar a Semilla

Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, agitó un país completo con dos minutos y quince segmentos de un vídeo publicado en redes sociales el pasado miércoles 12 de julio. En el reveló un supuesto caso de corrupcion qu’implica al partido político que ha causado sorpresa en las elecciones generales del 25 de junio: Semilla.

El caso se basó en un denunciante que en mayo de 2022 manifestó haber sido adherido ilegalmente al partido Semilla. La fiscalía investigó y concluyó que su firma y letra habían sido falsificadas y que no había sido el único. «Existen índices de que más de 5.000 ciudadanos se adhirieron ilegalmente al Movimiento Semilla, falsificándole su letra y firma”, aseguró Curruchiche. Además, el fiscal ha señalado que hay indicios de que más de 5 mil ciudadanos fueron adheridos ilegalmente a la agrupación política falsificando su letra y firma. La investigación, además, establece que para la formación del partido fueron inscritas doce personas fallecidas, y que existieron firmas sin números y hojas alteradas.

Sin embargo, el caso incurre en varias ilegalidades. En Guatemala, los partidos al balotaje -como Semilla, que disputará con el partido A la segunda vuelta presidencial el 20 de agosto- no pueden ser suspendidos por un juez del rango penal, como el Juzgado Séptimo de Instancia Penal. El artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) establece que «no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria tiene elecciones y hasta que esta se haya celebrado”.

Además, el único ente competente para conocer la cancelación o suspensión de partidos políticos es el Registro de Ciudadanos del TSE y no un juez de rango penal, de acuerdo con el artículo 155, inciso F, de la misma ley. Esto significa que no solo la orden del juez es ilegal, pero que incluso los implicados en esta denuncia podrían enfrentar un proceso penal por atentar contra el proceso democrático y procurar someter al pueblo contra su voluntad.

Además, tanto el Ministerio Público que dirige la fiscal general Consuelo Porras como la FECI de Curruchiche no cuentan con buena reputación. Además de ser conocidos aliados a la presidencia de Alejandro Giammattei, cuyo gobierno goza de apenas el 3% de aprobación Según la última medición de la encuestadora CID Gallup, ambos han sido señalados por el Departamento de Estado de Estados Unidos como “actores corruptos”. Sus números aparecen en la sección 353 de los informes conocidos como Lista Engel, sobre las personas extranjeras qu’han partido en acciones qu’ocavan procesos o instituciones democráticas, actos significativos de corrupción, y Obstrucción de investigaciones sobre corrupción, a criterio de Estados Unidos.