Seis meses de conspiración para una victoria amarga | España

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva caducado cuatro años por el bloco del PP, ha vivido los últimos seis meses enredado en una conspiración contra el Gobierno de Pedro Sánchez a cuenta de la renovación del Tribunal Constitucional.

De los 18 vocales actuales del gobierno de los jueces, sólo ocho (todos ellos designados en su día por el PP) decidieron desde el principio incumplir la reforma legal aprobada por el Gobierno y que daba de plazo al CCPJ hasta septiembre acordar que la designación de los dos magistrados que le corresponden en el Constitucional.

Esos ocho conservadores vocales impidieron Durante casi seis meses cualquier acuerdo los nombramientos tenian que reunir el apoyo de tres quintos del pleno (12 votos). Su resistencia a entablar una negociación seria con el sector progresista causa incluida la división del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Carlos Lesmes.

Este movimiento dejó el pleno con 18 voces. La salida de Lesmes, cansado del bloco e impotente para solucionarlo, reactivó las conversaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pero Alberto Núñez Feijóo decidió romper las negociaciones en el último minuto para comprometer que el Ejecutivo estaba dispuesto a reformar el delito de sedición para favorecer a los independentistas catalanes.

Mientras tanto, los ocho conservadores vocales siguieron con sus excusas para bloquear el acuerdo sobre los dos magistrados del Constitucional que tenían que elegir el Consejo General del Poder Judicial. Primero no se encontraron candidatos conservadores del Tribunal Supremo dispuestos a ser magistrados del Tribunal Constitucional. Después no les gustó el candidato elegido por el sector progresista, sin que acabaran de encontrar uno. Pasó, y los ocho conservadores siguieron bloqueando los nombramientos sin importarles demasiado el incumplimiento de los plazos legales.

Cambiaron de strategia hace sólo dos semanas, cuando supieron que el Gobierno dispuso aprobar de urgencia otra reforma legal que desactivó su poder de veto dentro del CGPJ mediante un sistema de elección que eliminó el requisito de la mayoría de tres quintos e impuso que saldrían elegidos los dos magistrados más votados en el pleno.

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Ese cambio legal habría permitido que los progresistas eligieran a su candidato y los conservadores al suyo. Además, la reforma impidió la capacidad de bloque por falta de quórum, porque se eliminó ese requisito.

Fue entonces cuando los conservadores, que hasta entonces no encontraron a nadie del Supremo que quisiera ser magistrado del Constitucional, sacaron candidatos de urgencia y sacaron a pedir al presidente suplente del CGPJ convocatorias de plenos extraordinarios para celebrarlos antes de que la reforma legal del Ejecutivo se apruebe el 22 de diciembre en el senado.

Para garantizar el éxito de esta capa se encontrará con un alias circunstancial: el Tribunal Constitucional suspenderá la semana, por seis votos, la legislatura tramitación de la reforma que el Senado tenía previsto aprobar el 22 de diciembre.

Eso dio más tiempo a los conservadores para imponer el nombre de sus dos candidatos y pouder rechazar al magistrado que proponían los progresistas. El argumento para esa estrategia era complejo. Los conservadores jugaban una doble partida y no la ocultaban. Por un lado, coloque a los dos magistrados de su gusto (aunque uno de ellos fuera de tendencia progresista), y por otro, evite que los elegidos voten en un futuro a Cándido Conde-Pumpido como nuevo presidente del Constitucional. Si ellos apoyaran al candidato progresista, éste votaría a Cándido Conde-Pumpido, según contaban.

Además, algunos de los conservadores vocales repetían los argumentos del PP para justificar su resistencia: era inaceptable el “asalto” del Gobierno al Tribunal Constitucional, sostenían. Por asalto pretendían que hubiera en ese órgano, por puro cumplimiento de la ley, una mayoría de magistrados progresistas que sstituyera a la mayoría conservadora que tenía la Constitucional desde hace nueve años.

Pero aunque los conservadores del Poder Judicial han logrado que prosperen, por primera vez en la historia de esta organización, los dos candidatos al Tribunal Constitucional propuestos por ellos, uno de ellos pertenece al sector progresista. Se trata de la magistrada del Supremo María Luisa Segoviano, que se jubiló hace sólo unos meses y que fue la primera mujer que ocupó una presidencia de sala en ese órgano judicial.

El sector progresista no habría votado nunca a dos candidatos conservadores. El voto de ayer respondió a la denominación «respeto institucional» y al temor a que el voto de un vocal elegido a propuesta del PNV diera la victoria al sector conservador igualmente. Después de todo lo ocurrido, el sector progresista no pudo permitir que esos nombramientos salieran con su voto en contra, porque eso habría dado a senser querían bloquear la renovación, según contaba ayer uno de ellos.

Con estos nombramientos, el Constitucional estará integrado en sólo unas semanas por siete magistrados de tendencia progresista y cuatro conservadores. El tribunal de garantías abre así una nueva etapa que puede durar hasta nueve años, cuando el Gobierno de 2031 tenga que nombrar a los dos sustitutos de los magistrados que llegan ahora. Eso contando con que en las dos próximas renovaciones por tercios, que se tienen que votar en el Congreso y en el Senado, sigan los dos bloces de izquierdas y derechas con parecidos apoyos a los de ahora, lo que obligará a probar los nombramientos por una la mayoría de tres quintos y, por tanto, tiene un reparto equitativo que no cambiará las mayorías en el Constitucional.

Si los conservadores pretenden evitar el «asalto» al Constitucional para que hubiera una mayoría progresista, su maniobra no ha funcionado. Fue, la de ayer, su victoria más amarga.