qCuando pensamos en un plan de desarrollo para Haití, muchas veces es difícil identificar las acciones prioritarias a tomar, se suceden tantos problemas mayores que tienen la capacidad de destruir cualquier esfuerzo y esperanza de desarrollo nacional: debilidad de la administración pública, problema de inestabilidad política, infraestructura, seguridad nacional y educación.
Estas son dificultades estructurales que han caracterizado el subdesarrollo del país durante décadas. La excesiva centralización de poderes, recursos y capacidades en Port-au-Prince es también uno de los grandes problemas que ha sido claramente identificado y que aún persiste, a pesar de las diversas medidas mencionadas desde 1987.
De hecho, concentrar todos los esfuerzos políticos y administrativos y, sobre todo, los servicios públicos en Port-au-Prince no ha hecho más que alimentar la máquina del éxodo rural, lo que ha llevado a su tubolización y ha facilitado la propagación del bandolerismo. La situación que estamos viviendo actualmente no tiene nada que ver con el destino; es el resultado de una mala gobernanza del territorio nacional.
Hoy nos enfrentamos a una situación en la que el bandolerismo, casi generalizado, aterroriza y empuja a los habitantes de Puerto Príncipe a la migración forzada. Muchos haitianos, niños y ancianos de Martissant, Tabarre, Croix-des-Bouquets, Delmas, Cité Soleil, Thomassin, Laboule, etc., se han visto obligados a dejar sus bienes por los que se han sacrificado durante años.
Algunos han emigrado, a menudo en condiciones ilegales. Otros -la mayor parte de ellos- han vuelto a vivir, quizás de manera permanente, en una ciudad del campo donde el bandolerismo es, por el momento, mantenido a distancia por las poblaciones locales.
A pesar de la urgencia de la situación, el Estado parece no considerar esta nueva categoría de migrantes, y menos pensar en el desarrollo de estas ciudades receptoras que casi no tienen medios ni estrategia para ofrecer un buen convivir con estos desafortunados desplazados.
Esta situación debe ser evocada no como un mal que nos carcome, sino como el momento de que el Estado se ponga al servicio de los pueblos de provincia del país. Una política deliberada de descentralización permite evitar los errores cometidos después del terremoto del 12 de enero de 2010, donde no pudimos planificar de otra manera el desarrollo de este país y llevarlo a cabo.
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